Quién está en qué expediente, ahora mismo.

La aplicación manda un latido cada diez segundos, y solo si la pestaña está visible y ha habido ratón, teclado o desplazamiento de la página en los últimos cuarenta y cinco. Cada latido suma como mucho treinta segundos. Si te levantas a comer con Plea abierto, el contador se para solo.

Y por eso no cuenta lo que ocupa media mañana de un abogado: la vista, la llamada de teléfono, la reunión en la sala y el expediente leído en papel. Ese tiempo se anota en el expediente con el cronómetro, que lo imputa al asunto y es el que después sirve para minutar. La clase de trabajo no la pregunta nadie: cuando el tiempo sale de una pantalla de Plea —leer un documento, redactar un escrito, enviar un correo, cerrar una reunión— la anotación se clasifica sola por lo que se estaba haciendo, y lo que se mide con el cronómetro queda como trabajo del expediente sin más.

Dicho de otra manera: el panel responde a «en qué está el equipo», no a «cuántas horas hizo cada uno la semana pasada». Confundir las dos preguntas es lo que convierte una herramienta útil en un problema laboral.

Vigilar y controlar entra dentro del poder de dirección: el empresario puede adoptar las medidas que estime oportunas para verificar que se cumplen las obligaciones laborales, «guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad» (art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores).

El límite es la información previa. Los criterios de utilización de los dispositivos digitales se elaboran con participación de la representación de los trabajadores y se comunican a la plantilla (art. 87.3 de la Ley Orgánica 3/2018), y el tratamiento se informa antes de empezar (art. 13 del Reglamento general de protección de datos). Un panel encendido sin decirlo no es un atajo.

En Plea lo abre el propietario del despacho y quien tenga rol de administración. Al resto del equipo el servidor le contesta que no, aunque teclee la dirección a mano.